EFE El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante una rueda de Prensa.

Rajoy anuncia medidas de intervención en Cataluña

MADRID.-El gobierno español justifica la aplicación de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña por la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente” de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y porque sus decisiones “atentan gravemente” contra el interés general.

Este es el argumento que consta en la exposición de motivos de las medidas que el Consejo de Ministros decidirá este sábado para asumir funciones que ejercen los gobernantes catalanes y restituir el orden constitucional en esa región española frente al desafío independentista.

El Ejecutivo central acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.

¿Qué está pasando en Cataluña?

¿Qué está pasando en Cataluña?

La reunión del Consejo de Ministros, presidido por el conservador Mariano Rajoy, comenzó poco antes de las 10:15 horas (08:15 GMT) para acordar las medidas, que el Senado aprobará el 27 de octubre.

Entre los motivos para activar ese artículo, el Ejecutivo español subraya el “incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado” de las obligaciones constitucionales de los gobernantes catalanes al poner en marcha un proceso de secesión.

Los gobernantes catalanes “han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno”, aduce el Gobierno.

También asegura que las medidas que hoy decidirá para intervenir en Cataluña al amparo de la Constitución son “garantistas” y persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.

Los objetivos son restaurar la legalidad constitucional y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Considera en este sentido que los gobernantes catalanes “han obviado” el interés general de los catalanes “en favor del ideario independentista de una parte de ellos”.

Además, en Cataluña se ha dado un “absoluto desprecio” la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo regionales, ya que actúan como “si de un solo poder y una sola voluntad se trataran”.

El Gobierno también hace hincapié en el “profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana” que están poniendo en “riesgo” los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad.

Alerta de que una hipotética Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea y sufriría un “empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento”, situación que el Estado dice que debe evitar por el interés general, según argumenta el Ejecutivo.

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