Schneiderman anuncia acuerdo con distrito escolar para garantizar acceso a niños inmigrantes

NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo con el distrito escolar Westbury Unión Free para garantizar el acceso educativo para los estudiantes sin importar su estatus migratorio, y para prevenir el desvío de los alumnos inmigrantes a programas que no generan ningún título. Entre otras cosas, el distrito acordó mantener un defensor del pueblo que garantizara supervisión interna sobre las políticas de matrícula y académica dentro del distrito, tendrá que retener además un monitor independiente para asegurar que el distrito inscribe y coloca a los estudiantes en el cumplimiento de la ley, y ofrecerá servicios educativos compensatorios a los estudiantes que experimentaron retrasos de matrícula o el desvío académico en los tres años entre 2012 y 2015.

“La educación es la piedra angular de nuestra democracia y todos los niños de nuestro país – no importa donde nacieron – merecen la oportunidad de asistir a la escuela y buscar un título”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Me complace que el Distrito Westbury ha accedido a entrar en cumplimiento con la ley y que también proporcionará servicios adicionales a cualquier estudiante que haya sido, hasta ahora, impedido de inscribirse en su escuela local o asistir a un programa de escuela secundaria que provee un diploma. Vamos a seguir trabajando sin descanso con los distritos escolares en todo el estado de Nueva York para asegurar que todos los niños sean tratados por igual y tengan acceso completo a las herramientas necesarias para convertirse en miembros productivos de la sociedad”.

En octubre de 2014, el Fiscal General y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (SED) lanzaron una investigación conjunta en torno a las políticas de matriculación y procedimientos de los distritos escolares en Nassau, Suffolk, Westchester y Rockland, incluyendo condados que habían experimentado una significativa afluencia de menores no acompañados de América Central y América del Sur, con el fin de determinar si esos distritos estaban discriminando a estudiantes o futuros estudiantes sobre la base de su estado migratorio.

Después de la revisión conjunta con SED, en septiembre de 2015, el Fiscal General abrió una investigación formal sobre el distrito. La investigación encontró que, comenzando en el verano de 2012 y continuando hasta el otoño de 2015, el distrito negó o retrasó la inscripción de numerosos estudiantes que trataron de inscribirse, muchos de los cuales son menores de edad procedentes de América Central y del Sur, y muchos que no eran ciudadanos de Estados Unidos en el momento que trataron de inscribirse. Estos retrasos en la inscripción duraron hasta seis meses y se lograron a través de una variedad de métodos, incluyendo requisitos por escrito en los materiales de inscripción del distrito referentes a la condición de ciudadanía e inmigración de los futuros estudiantes, por ejemplo, las solicitudes de números de la Seguridad Social y responder preguntas acerca de su ciudadanía u origen nacional. Estos retrasos de inscripción también fueron causados por los requisitos del distrito para la prueba de residencia y la edad que excedieron los requisitos establecidos en la ley del estado, así como las preguntas orales de los empleados del distrito sobre el origen nacional de los futuros estudiantes en el momento en que pidió el registro.

La investigación también encontró que el distrito tenía una política no escrita de excluir a los estudiantes aprendiendo el idioma inglés que sobrepasaban la edad de dieciséis años – muchos de los cuales son inmigrantes que llegaron recientemente – de la única escuela secundaria pública del distrito, y desviaba a estos estudiantes a programas no-grado de educación alternativa. El Fiscal General identificó casi dos docenas de estudiantes a quienes se les dijo que no podían inscribirse en la única escuela secundaria del distrito porque eran demasiado viejos, pero en su lugar podrían inscribirse en la equivalencia de escuela secundaria o en clases de Inglés como segundo idioma (“ESL”) con oferta académica limitados. La investigación encontró que los estudiantes desviados en estos programas se mantuvieron en ellos – y sin una evaluación periódica por el distrito – entre uno y tres años.

La investigación del Fiscal General confirmó que las políticas y las acciones del distrito eran incompatibles con las leyes federales y estatales, incluyendo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Plyler v Doe – que sostuvo que la Constitución de Estados Unidos garantiza la igualdad de protección para los niños indocumentados – y que, es probable, esa conducta del distrito o podría potencialmente disuadir a los estudiantes indocumentados de inscribirse en los distritos.

El acuerdo suscrito entre la Fiscalía General y el distrito requiere que el distrito haga lo siguiente:

Modificar los formularios y materiales de inscripción colocación académica;
Desarrollar nuevos procedimientos inscripción y de colocación académicas que rigen la actividad del personal del distrito responsables de la inscripción y colocación;Desarrollar materiales de formación que respondan a las preguntas permisibles y no permisibles en el proceso de inscripción y los requisitos legales relativos a la colocación académica y el derecho a una educación pública hasta que el estudiante cumpla 21 años, así como entrenamiento anual para el personal del distrito;Contratar o designar un nuevo defensor del pueblo de inscripción responsable de la matriculación y la colocación académica en todo el distrito;Mantener un monitor independiente para asegurar el cumplimiento con la legislación aplicable y el acuerdo;Proporcionar servicios educativos compensatorios a los estudiantes quienes se negó o retrasó la inscripción o se desviaron a programas que no generan grados entre 2012 y 2015; y Mantener registros de las denegaciones de inscripción de los estudiantes del distrito y las decisiones de los estudiantes para inscribirse en programas de educación alternativa, e informar periódicamente al Fiscal General en relación con las mencionadas denegaciones y decisiones, hasta marzo de 2018.
El Distrito Escolar de la Unión Westbury se une a otros 21 distritos escolares en todo el estado de Nueva York que han entrado en acuerdos con el Buró de Derechos Civiles del Fiscal General para asegurar que todos los estudiantes pueden inscribirse en la escuela pública, independientemente de su estatus migratorio.

Javier H. Valdés, Co-Director Ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York, dijo: “Muchos de los menores no acompañados en Nueva York son niños que han sufrido traumas, ya sea en su país de origen o en ruta hacia los EE.UU. Debemos asegurarnos de que estos jóvenes reciban la atención que necesitan y puedan asistir a la escuela aquí en Nueva York. Los miembros de Se Hace Camino Nueva York dan las gracias al Fiscal General por ponerse del lado de estos jóvenes valientes y tomar tales medidas para erradicar las fuertes barreras que enfrentan en este país”.

“Mientras los recién llegados los niños de América Central comenzaron a asentarse en Long Island, empezamos a ver el rechazo deliberado de que fueron objeto para que no tuviesen acceso a las oportunidades de educación básica y pudieran inscribirse en las escuelas locales, o acceder a los materiales académicos que les ayuden a graduarse a tiempo”, dijo Steven Choi, Director Ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “Felicitamos al Fiscal General Eric Schneiderman por asegurar que los distritos escolares a través de Nueva York están cumpliendo con las leyes estatales y federales que garantizan los niños inmigrantes que llegaron recientemente se dan las oportunidades legítimas para ser mejor de sí mismos en el país que ahora llaman hogar. La Coalición seguirá trabajando con la oficina del Fiscal General para asegurar el acceso a la educación para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o el origen nacional”.

Este asunto está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Justin Deabler y Ajay Saini del Buró de Derechos Civiles, con la asistencia de personal de apoyo oficina. La Oficina es parte de la División de Justicia Social, la cual es dirigida por el Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social Alvin Bragg.

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