RD critica a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

WASHINSTON (EFE).- El Gobierno de República Dominicana reprochó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dé a su conflicto migratorio con Haití un trato “diferente” del que otorga a otros “similares” en otros países del continente.

“La Comisión reitera criterios y posiciones como si la realidad fuera estática y da un trato diferente a este tema cuando se trata de la República Dominicana, comparado con otros países que enfrentan situaciones similares”, afirmó Flavio Darío Espinal, asesor de la misión dominicana en la Organización de Estados Americanos (OEA) y exembajador ante este organismo y la Casa Blanca.

Espinal defendió la postura del Gobierno dominicano en una audiencia pública sobre el derecho a la nacionalidad de las personas de origen haitiano en República Dominicana que la Comisión convocó de oficio en el marco del actual periodo de sesiones.

“Desde 2010, se han celebrado siete audiencias en relación a este tema y a todas hemos venido a presentar los avances legislativos y las acciones prácticas que hemos llevado a cabo para dar respuesta a los desafíos en esta materia, tenemos una actitud de apertura”, defendió Espinal.

Para el asesor dominicano, ese trato “diferente” de la CIDH a este caso “dificulta el diálogo franco y constructivo”.   Ante estas afirmaciones, la presidenta de la Comisión, Rose-Marie Belle Antoine, defendió que el organismo “no hace tratos diferentes” y que con esta audiencia simplemente está siendo “coherente” con el trabajo que ha efectuado sobre esta crisis.   “Estamos aquí porque tuvimos que responder a una crisis humanitaria, hicimos una visita y seguimos monitoreando la situación”, añadió la comisionada.

El comisionado Felipe González explicó, por su parte, que decidieron convocar esta audiencia de oficio precisamente porque no consideran que la situación sea estática.

El pasado 27 de agosto, la CIDH pidió al Gobierno dominicano adoptar todas la medidas necesarias para garantizar el derecho que tienen a residir en el territorio dominicano las personas que tenían derecho a la nacionalidad dominicana y que fueron “arbitraria y retroactivamente privadas de su nacionalidad” por la sentencia TC/168/13 del Tribunal Constitucional.

Esa sentencia privó de nacionalidad retroactivamente a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes entre 1929 y 2010, la mayoría de origen haitiano.

Un año después, el Gobierno dominicano aprobó una Ley de Naturalización e inició el Plan de Regularización de Extranjeros, cuyo plazo de inscripción concluyó el pasado 17 de junio.   A este plan se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras él entró en vigor una segunda fase, centrada en los operativos de repatriaciones.

En un informe elaborado en julio, la OEA alertó, tras visitar Dominicana y Haití, de que hay personas “en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”.

En la audiencia celebrada hoy en la sede de la CIDH en Washington, varias organizaciones de la sociedad civil dominicana denunciaron que no se ha avanzado lo suficiente en el reconocimiento de la nacionalidad dominicana de los afectados por la sentencia.

Manuel de Jesús Dandré, abogado de la organización Red de Encuentro Dominico Haitiana Jacques Viau (REDHJV) afirmó hoy que “se sigue limitando el derecho a la nacionalidad y que “miles de dominicanos de ascendencia haitiana están sin documentación, porque no se la ha entregado la Junta Central, aunque la Ley de Naturalización les reconoce la nacionalidad”.

Espinal, en nombre del Gobierno republicano, defendió que con el fin del plazo de inscripción al plan de regularización “no se inició ninguna caza de brujas ni se produjo ninguna catástrofe humanitaria como algunos habían dicho”.

“Algunos distorsionaron los hechos y los usaron como excusa para acusar a la República Dominicana de que se produciría una limpieza étnica a partir de entonces”, añadió.

El Gobierno dominicano sostuvo así que en 2015, gracias a su actuación, “cientos de miles de personas tendrán una documentación y unos derechos que dos o tres años atrás estaban cuestionados”.

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