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Derecho a la huelga no puede atentar contra el derecho a la educación de los niños, según juristas


SANTO DOMINGO.- La organización Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) instó ayer al sistema de justicia dominicano a pronunciarse “de oficio” sobre las paralizaciones de la docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que vienen afectando seriamente el derecho a la educación de los niños que estudian en escuelas públicas.

EDUCA considera que los paros de profesores no sólo afectan el derecho de educarse de todos los niños, sino también que tiene un efecto sobre la agudización de las desigualdades.

La entidad reseña opiniones expuestas con anterioridad por seis juristas considerados referentes del derecho en el país, para argumentar sobre las acciones contrarias a la lógica constitucional que ha venido ejerciendo año tras año el sindicato de maestros.

Olivo Rodríguez Huertas

Olivo Rodríguez Huertas

Olivo Rodríguez Huertas, por ejemplo, ha opinado que a partir de un caso de Barahona, en que un juez condenó y sancionó a la ADP por paralizar la docencia, se estableció “un precedente histórico de tutela al derecho fundamental a la educación consagrado por el artículo 63 de la Constitución de la República”.

Cristóbal Rodríguez

Cristóbal Rodríguez

Asimismo, Cristóbal Rodríguez ha planteado que “la paralización de la docencia es incompatible con la Constitución y que conforme con el artículo 63 de la carta magna, “las reivindicaciones de docentes no pueden convertirse en un atentado contra los derechos e intereses superiores del estudiantado”.

El documento de EDUCA también recoge la posición de Servicio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en el sentido de que “el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos esenciales, ni el orden social, ni la paz pública”.

Servio Tulio Castaños Guzmán
Servio Tulio Castaños Guzmán

Castaños Guzmán considera que cuando se invoque el derecho a la huelga, con la consecuente suspensión de horas y días de clases, se ve lesionado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación en tiempos y contenidos adecuados, también con base en el artículo 63 de la Constitución, así como del 3, 28, 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

También Nasseff Perdomo, especialista en derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, comentó que si bien existe una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la cual se reconoce expresamente el derecho a la huelga de los maestros y profesores, la Constitución dominicana prioriza y protege el derecho ulterior de niños, niñas y adolescentes a mantener la continuidad de los servicios educativos.

Nassef Perdomo

Nassef Perdomo

Perdomo considera necesario que todas las partes compatibilicen la plena vigencia de ambos derechos.

Finalmente se reseña el criterio de la jurista Iraima Capriles, en el sentido de que la Constitución dominicana pone a cargo de la familia, la sociedad y el Estado en su artículo 56, “hacer primar el interés superior del niño, niña y adolescente”, concepto jurídico asumido por el país al suscribir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez.

Iraima Capriles

Iraima Capriles

Las últimas paralizaciones de la ADP han sido para oponerse a la decisión del Ministerio de Educación de designar, de distintas ternas, a los directores regionales de la cartera.

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