Creen que el Estado Dominicano puede lograr libertad de compatriota extraditado hace 18 años

NUEVA YORK/PP.-El comerciante dominicano Máximo Reyes, encarcelado desde 1997 en Estados Unidos, quedaría en libertad antes de completar los 30 años de condena que cumple en una penitenciaría de Pensilvania, si el Tribunal Constitucional (TC) deroga el decreto presidencial que ordenó su extradición, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Si el decreto se anula, el proceso completo iría marcha atrás. O sea, sería nulo de pleno derecho todo el proceso legal que él está pagando aquí, en Estados Unidos, explicó el doctor Ricardo Campusano, secretario de derechos civiles y políticos de la CNDH, en una entrevista con Primera Plana Nueva York.

El jurista fundamenta su posición en que la extradición de Reyes “estuvo viciada, contaminada, porque la pieza que se usó para ello fue el tratado de 1909”. Y a continuación resume la parte del convenio entre los dos países, modificado un siglo después, que refuerza su planteamiento:

“En los veinte capítulos del tratado de 1909 no existe el enriquecimiento ilícito ni la conspiración por muerte. Al momento, ese tratado no lo contemplaba.

Reyes se retiró a su país a principios de los 90’, después de residir durante varios años en Estados Unidos. En Santo Domingo tenía un negocio de venta de vehículos que le fue incautado tras ser arrestado y extraditado posteriormente en 1997, mediante el decreto 346-97 emitido por el entonces presidente Leonel Fernández, quien posteriormente reforzó la acción punitiva emitiendo otro decreto, el número 411-97.

Reyes fue sacado del país sin que se le conociera un proceso de hábeas corpus que habían interpuesto sus abogados, y luego en Nueva York le cambiaron los cargos, según denunció la CNDH.

“O sea, el gobierno del doctor Leonel Fernández se destapa con un decreto mafioso que viola todos los derechos, tanto la Constitución de la República, como los pactos y convenios internacionales, de los cuales la República Dominicana es miembro”, insistió Campusano.

Definió la pieza del ejecutivo como “la expresión del desconocimiento, la expresión más burda y más baja de un decreto en la República Dominicana”.

Reiteró que a Reyes no lo vio un juez antes de ser extraditado, con lo que en su opinión se obviaron principios universales del derecho como la lealtad al debido proceso y a la tutela efectiva.

El extraditado dominicano, Máximo Antonio Reyes, con una de sus hijas recién nacida en Nueva York, antes de retirarse a su país a principios de la década de 1990.

El extraditado dominicano, Máximo Antonio Reyes, con una de sus hijas recién nacida en Nueva York, antes de retirarse a su país a principios de la década de 1990.

El jurista y activista de los derechos humanos en la República Dominicana estuvo la semana en Nueva York, donde se reunió con miembros de la familia Reyes con quienes viajó a Pensilvania a visitar al comerciante, quién está recluido en un cárcel de ese Estado.

El dirigente de la CNDH urgió al Tribunal Constitucional a emitir una sentencia “conociendo la nulidad de esos decretos (346-97 y 411-97), antijurídicos, inhumanos, y que violentaron el debido proceso, y violentaron el principio de legalidad y de seguridad jurídica”. La solicitud formal al alto tribunal constitucional dominicano fue hecha en 2010 por el organismo defensor de los derechos humanos.

“Si se emite la sentencia anulando los decretos, entonces podría resultar la libertad de Máximo, porque el Tribunal Constitucional haría un favor y tendría la oportunidad de no seguir manteniendo esa vergüenza en esos archivos”, enfatizó.

Finalmente, Campusano reveló que la CNDH está contactando a activistas de derechos humanos en Estados Unidos, para orientarlos sobre la situación de Reyes.

 

 

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