Puerto Rico carece de votos para aprobar quiebra federal

El rostro siempre sonriente del gobernador, Alejandro García Padilla, lucía severo cuando habló por televisión explicando la crisis económica al pueblo puertorriqueño.

El rostro siempre sonriente del gobernador, Alejandro García Padilla, lucía severo cuando habló por televisión explicando la crisis económica al pueblo puertorriqueño.

SAN JUAN, PUERTO RICO -El presidente del Comité Judicial y congresista, Bob Goodlatte, junto al presidente del subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio y también congresista, Tom Marino, expresaron reparos en permitirle a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

En una declaración conjunta enviada al diario El Nuevo Día, ambos congresistas aseguraron esta tarde que se mantendrán vigilantes sobre la crisis fiscal que atraviesa el país a fin de determinar si en un futuro se requerirá acción del Congreso de Estados Unidos.

“Hoy nos reunimos con nuestros colegas republicanos del Comité Judicial para discutir los problemas que enfrenta Puerto Rico. Si bien no alcanzamos un consenso, se expresó una preocupación general de que permitirle a los municipios (o corporaciones) de Puerto Rico acceder al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, por sí mismo, no resuelve las dificultades de Puerto Rico, que se asocian a problemas económicos subyacentes y estructurales. Estos problemas deben ser abordados; nos mantendremos monitoreando cualquier desarrollo en Puerto Rico y evaluando activamente los méritos de cualquier posible respuesta del Congreso”, reza la declaración conjunta enviada a este medio por los congresistas.

Esta declaración conjunta significa que, en estos momentos, no existen los votos en el Congreso para aprobar el proyecto HR 870 que radicó el comisionado residente, Pedro Pierluisi, medida que también respalda el gobernador Alejandro García Padilla y su liderato.

El pasado 12 de mayo, el Comité Judicial de la Cámara celebró una audiencia para revisar la definición 1984 y reevaluar los méritos de proporcionarles a los municipios y corporaciones de Puerto Rico la posibilidad de acceder al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal bajo el proyecto HR 870.

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