Perú: Esterilizaciones forzadas fueron declaradas asunto de interés nacional

Entre los años 1990 y 2000 más de 300 mil mujeres peruanas fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva. Ellas pertenecían a regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena.

Del total de mujeres sometidas, solo el 10 por ciento dieron su consentimiento genuino. Las demás fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, siendo chantajeadas, amenazadas y hostigadas por médicos y enfermeras de los centros de salud de sus localidades.

Estas prácticas se realizaron en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.

Con el objetivo de promover el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas y saber el número exacto de las afectadas, el último 7 de noviembre, el caso fue elevado a un “asunto de interés nacional de Perú” por un decreto emitido por el presidente, Ollanta Humala.

El decreto ordena la creación de un registro de víctimas. Así lo aseguró el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.

“Absolutamente no hay ningún cálculo político ni de establecer a priori ningún tipo de responsabilidad, esta responsabilidad se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes” señaló Lechuga, ante las críticas de los congresistas fujimoristas, quienes aseguran que la implementación del registro es una contra campaña a su candidata, Keiko Fujimori.

Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, indicó que su cartera asumirá la asistencia legal, tratamiento psicológico y atención médica de las víctimas. Este primer paso fue saludado por defensoras de los derechos humanos.

Una legítima política de control de la natalidad no vulnera el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, sino que deja decidir a las mujeres si desean o no tener más hijos, por lo cual las esterilizaciones forzadas son una grave violación a los derechos humanos, que deja severas secuelas físicas y psicológicas a quienes fueron sometidas. (Sandra Herrera Antay – Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC)

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