La DEA investiga entorno del presidente de Bolivia


EFE

Un grupo de altos funcionarios del círculo cercano al presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra supuestamente bajo la lupa de las autoridades de EEUU, que los acusa de narcotráfico, según dijo un informante de la Agencia Antidrogas (DEA) en un documento judicial al que accedió Efe.

Entre los investigados se encuentran Walter Álvarez Agramonte, piloto del avión oficial del presidente, y Faustino Giménez, un ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en minería y que es “amigo” del vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, según el documento judicial.

También es mencionado el padre de García Linera, Raúl García, fallecido en 2011.

La información sobre esta “operación en curso” la desveló Carlos Toro, informante para la DEA entre 1986 y 2015, que interpuso el 8 de septiembre una demanda contra el Gobierno estadounidense, al que reclama 5 millones de dólares para que reconozca su papel en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama “el caso Bolivia”.

Esta alusión aparece en varias ocasiones en la demanda, en la que la fuente de la DEA destaca que tres de las personas que supuestamente ayudó a descubrir -Agramonte, Giménez y García- son “objetivo del caso Bolivia” investigado por la oficina de la Agencia Antidrogas en Asunción, la capital paraguaya.

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“Raúl García, Padre del vicepresidente Álvaro García Linera. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción”, reza la denuncia, que hace una descripción similar de los datos del resto de personas investigadas y que fue interpuesta ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, en Washington.

“Walter Álvarez Agramonte. General en activo de la Fuerza Aérea Boliviana. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción”, detalla el documento judicial.

La lista de investigados, siempre según el informante de la DEA, se completa con Yidua Katty Orosco Torres, también conocida como Katy Alcoreza, una antigua policía nacional que ahora, como agente de los servicios de inteligencia y espionaje, dice, se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal, cuyo nombre no se identifica en la denuncia

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Según la demanda, el informante jugó un papel “esencial” en la supuesta investigación de la DEA sobre el círculo cercano de Morales, así como en el procesamiento del capo del Cártel de Medellín Carlos Lehder y del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, condenado por ayudar a este cartel a introducir droga en EEUU.

Esta no es la primera vez que las acusaciones de narcotráfico alcanzan a altos cargos de la esfera política de Bolivia.

En 2011 un alto jefe policial boliviano, el general René Sanabria, que fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, fue condenado en EEUU a 14 años de prisión por conspirar para trasladar cocaína a ese país.

Otro excomandante nacional de la Policía, el general Oscar Nina, se enfrenta desde marzo en Bolivia a un proceso por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien en julio pasado se fugó de una cárcel de su país.

Al ser preguntado por Efe, un portavoz de la DEA rechazó realizar ningún comentario sobre esta demanda y la supuesta investigación de la Agencia Antidrogas, que adelantó este martes The Huffington Post.

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En 2008, Morales, que mantiene el cargo de presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la principal organización de cultivadores de la planta de coca del país, expulsó de Bolivia a la DEA y al hasta entonces embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg.

En el momento de su expulsión, Morales acusó a la DEA y a Goldberg de ser parte de un plan de conspiración contra su gobierno, denuncia que Washington rechazó tajantemente y replicó echando al embajador boliviano Gustavo Guzmán.

Desde la expulsión mutua de embajadores, las relaciones entre ambas naciones se conducen a nivel de los encargados de negocios.

En Bolivia, la hoja de coca está protegida por la Constitución promulgada por Morales en 2009, porque tiene usos culturales, religiosos, industriales, medicinales y es mascada por varios sectores sociales, práctica denominada “acullicu”.

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