Investigadores buscan bloquear candidatura presidencial de Lula

SAO PAULO.-El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva podría ver impedida su aspiración de presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en 2018 si finalmente es blanco de una acción civil por conducta impropia de funcionario público en la Operación Lava Jato, que tiene como uno de los castigos la prohibición para disputar elecciones.

Lula podría ser acusado en este proceso en caso de que se compruebe que las empresas contratistas involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras pagaron los costos de las obras de una finca frecuentada por el ex presidente en el municipio de Atibaia, en el estado de São Paulo.

Estas obras habrían sido realizadas a fines de 2010, cuando Lula todavía era presidente, y representan un beneficio ilegal.

Dentro de la operación Lava Jato ya están en curso cinco acciones por conducta impropia de funcionario público, con pedidos para que se decrete la inelegibilidad por hasta 10 años contra los acusados.

Folha averiguó que algunos integrantes del equipo de trabajo del Ministerio Público Federal ya están considerando la posibilidad de que Lula sea blanco de una causa de este tipo, en el ámbito de la 24.ª fase de la operación Lava Jato, en la cual son investigados supuestos actos de corrupción y lavado de dinero ligados a la propiedad rural.

En sus declaraciones, la defensa y los aliados del ex presidente buscaron desvincular las situaciones relativas al lugar cuestionado en el período en el cual Lula se desempeñaba como presidente de Brasil.

En un pedido al Supremo Tribunal Federal, los abogados de Lula alegaron que el inmueble fue comprado por amigos en octubre de 2010 para uso compartido con la familia del ex presidente, pero que este último recién se enteró de la adquisición en enero de 2011, cuando ya había dejado de ser presidente de Brasil.

En enero pasado, Folha reveló que la constructora Odebrecht pagó parte de las obras en la finca a fines de 2010, de acuerdo con el relato de la ex dueña de un local de materiales de construcción que proveyó productos para la obra en cuestión.

Aunque el ingeniero de Odebrecht Frederico Barbosa en una de sus primeras declaraciones dijo lo contrario, luego cambió su versión e indicó que actuó en la finca por pedido de un superior de la constructora y que la empresa le pagó a 15 empleados para que reforzaran el equipo que estaba trabajando en el lugar.

Una situación que puede influenciar la eventual acción contra Lula es la actuación del entonces asesor de la presidencia Rogério Aurélio Pimentel en el pago en efectivo de servicios y materiales usados en la obra, algo que también fue apuntado por Barbosa (Folha de S Paulo).

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