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EFE La falta de voluntad política impide la reconstrucción en Ciudad de México. Fotografía de archivo que muestra el exterior de un edificio dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México. EFE/Archivo.

Edificios dañados; recuerdo constante a un año del terremoto en México


GUADALAJARA.-Por toda la Ciudad de México, edificios deshabitados con enormes grietas descansan en ángulos precarios y decenas de desplazados siguen viviendo a la intemperie a un año de un sismo de magnitud 7.1 que causó 228 muertos en la capital mexicana y 141 más en los estados cercanos.

La burocracia y los obstáculos físicos y legales han demorado la demolición de cientos de estructuras inestables.

En otros casos, los propietarios llevaron a cabo renovaciones meramente cosméticas, enmascarando unos daños que probablemente queden al descubierto en el próximo terremoto. La corrupción ha socavado continuamente los intentos de hacer cumplir los códigos de construcción.

Tirar edificios en una metrópolis de 21 millones de habitantes es una tarea abrumadora. “Se tiene que hacer de manera casi quirúrgica, ladrillo por ladrillo”, explicó Rubén Echevarría, portavoz del vecindario norteño de Gustavo A. Madero.

Pero la lentitud de los derribos, y más aún de la reconstrucción, es frustrante tanto para los que perdieron sus casas como para quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que van a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.

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De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi 1,000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.

Sin embargo, diversas organizaciones hablan de que por lo menos son 11,000 los inmuebles dañados en todas las comunidades sacudidas por el terremoto.

Los afectados, principalmente, y la población, en general, coinciden en dos cosas: pensar en la probabilidad de un nuevo terremoto atemoriza y las demoras en la reconstrucción han minado la confianza en las autoridades.

“Creo que el gobierno, finalmente, su función es proteger a sus ciudadanos”, dice una de las afectadas. “Creo que vale la pena como gobierno hacerte cargo de estas situaciones, por lo menos poner atención”.

Eso parece una tarea complicada: no fue hasta tres meses después del terremoto cuando el gobierno local aprobó leyes prohibiendo que el mismo ingeniero o arquitecto acreditase la seguridad del inmueble que había diseñado.

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Las imágenes captadas por quienes vivieron de cerca esta tragedia este martes 19 de septiembre de 2017. (Publicado miércoles 20 de septiembre de 2017)

El movimiento telúrico puso en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol: los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan.

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Una investigación del grupo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un caso en el que un ingeniero estructural aprobó los diseños de tres edificios que se vinieron abajo matando a decenas de personas. El mismo ingeniero renovó su licencia y fue consultado incluso sobre cambios regulatorios y refuerzo de inmuebles luego del terremoto.

Además de este, se descubrieron otros casos igualmente escalofriantes:

Rebeca Moreno, que trabaja con una coalición de grupos cívicos formada tras el sismo para ayudar a las víctimas, dijo que el gobierno sacó “122 lineamientos de qué hacer”, pero los afectados no pueden estar chequeando internet todo el tiempo para ver qué nuevas normas tienen que seguir para empezar a reparar o reconstruir.

Los pequeños progresos que se han realizado parecen obra de héroes olvidados: trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y las víctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.

Héctor Toledo es un ingeniero civil cuyo apartamento fue uno de los 450 dañados en el sismo _ otro bloque de 40 viviendas cercano colapsó por completo matando a nueve personas. Alrededor de un centenar de sus vecinos viven bajo lonas y en chabolas provisionales y utilizan improvisados y malolientes baños al aire libre.

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Toledo contó con los dedos de las manos el número de veces que los residentes se manifestaron antes de que el gobierno accediese a reconstruir y reforzar sus casas. En total hubo 300 concentraciones y cinco grandes manifestaciones en las que cortaron calles.

“Sin unión habríamos perdido todo, hasta la posesión del predio” donde están los departamentos, afirmó Toledo, quien estima que podría pasar otro año hasta que sus viviendas estén terminadas.

Leticia Rosales, una trabajadora gubernamental retirada, es una de las afortunadas. Los operarios están ocupados preparando los cimientos de la nueva torre de apartamentos que sustituirá a la suya, que quedó severamente dañada y más tarde fue demolida.

Sin embargo, la exigua ayuda gubernamental de 3,000 pesos ($160) mensuales está cerca de acabarse y no sabe cuánto tendrá que aportar a la obra.

“No nos han dicho cuánto, es lo que a todos los vecinos nos angustia, porque muchos estaban pagando todavía estos departamentos”, apuntó Rosales.

AP/TELEMUNDO

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